Son ingresos derivados de la prestación directa y efectiva de un servicio público individualizado y específico. A diferencia de los ingresos por concepto de venta de bienes y servicios, las tasas o derechos deben ser fijados por la ley, y solo se transfiere la competencia para que, una vez fijados, la autoridad determine las tarifas correspondientes. (Corte Constitucional, Sentencia C-837/2001).