es el medio de control de carácter patrimonial y de interés público a través del cual la entidad respectiva busca defender el patrimonio del Estado, cuando este debió hacer un reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas.