Acto administrativo mediante el cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, con el fin de establecer posibles transgresiones al régimen de protección al consumidor, de los regímenes especiales, y/o de las órdenes y/o instrucciones que están bajo la competencia de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. En éste, se deben señalar con precisión y claridad los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones normativas presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes en caso de resultar probada la vulneración al régimen imputado.