Manifestación de la administración que resuelve sobre el decreto y la práctica de pruebas, rechazando de manera motivada las ilegales, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas, y decretando las que son procedentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta para ello las solicitudes presentadas en oportunidad por la parte investigada o por los terceros intervinientes reconocidos con interés dentro del trámite, así como las que requieran ser practicadas de oficio. Contra este acto administrativo no procede recurso alguno.