Es un mecanismo de solución de los conflictos entre los particulares y el Estado, el cual debe, obligatoriamente, adelantarse ante un agente del Ministerio Público como requisito de procedibilidad, antes de presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa o sobre controversias contractuales ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en asuntos de naturaleza conciliable.