Es un derecho de rango constitucional que tienen las personas para presentar peticiones de interés general o particular, con el fin de que la autoridad competente resuelva la petición dentro de los términos establecidos, con el fin de obtener una respuesta concreta frente a un trámite o asunto a cargo de la Entidad e interponer recursos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º de la Ley 1437 de 2011.