Instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología de formulación y seguimiento está definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su formulación nace del Estatuto Anticorrupción (Ley 474 de 2011), a fin de que las entidades públicas propongan iniciativas dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento