Es la actuación administrativa en virtud de la cual se emite una resolución con la que se vincula formalmente al sujeto sometido a vigilancia y control de esta entidad, atribuyéndole responsabilidad por la presunta comisión de una conducta violatoria de las normas sobre protección de datos personales con el fin de que ejerza su derecho de defensa y aporte las pruebas que pretenda hacer valer dentro de la investigación.