Es un instrumento legal establecido en el artículo 75 de la Ley 1480 de 2011 que tiene tres objetivos fundamentales: defender los derechos e intereses comerciales y económicos de los consumidores colombianos, trabajar por mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los productores o proveedores de bienes y servicios, y estimular al ciudadano para que participe como veedor permanente del respeto de sus derechos como consumidor.